Tras el ruidoso veto público de la diputada Elisa Carrió, que provocó una sacudida en filas del oficialismo, el proyecto que apuntaba a legalizar los aportes empresariales a campañas electorales de los partidos políticos se cayó del temario de la sesión prevista para mañana y podría aplazarse su tratamiento hasta marzo del año que viene.
Carrió se atrevió a desafiar al propio Presidente al sostener que no le «importa» lo que Mauricio Macri piense sobre el tema, ya que era una decisión tomada «votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica» de su fuerza política.
El Gobierno había solicitado expresamente al Parlamento que el régimen de financiamiento electoral se votara ahora en sesiones extraordinarias.
Puertas adentro, Carrió también deslizó críticas al proyecto «antibarras», la otra iniciativa que Macri reclamó al Congreso en una suerte de acto reflejo para amortiguar las críticas por el fallido operativo de seguridad en el River-Boca del pasado sábado 24 de noviembre.
Más cuidadosos en las formas, diputados radicales también expresaron vacilaciones sobre el proyecto de financiamiento, por lo que las perspectivas para una iniciativa tildada de «prioritaria» por el Gobierno eran magras y, salvo un acuerdo providencial en tiempo de descuento, no tendría cabida en la agenda legislativa de este año.