El Gobierno defendió el DNU sobre extinción de dominio

La publicación oficial del DNU del presidente Mauricio Macri que estableció el sistema de extinción de dominio volvió a despertar polémica, con advertencias de diversos juristas sobre la posible inconstitucionalidad y la discusión entre oficialistas y opositores, que se preparan para dar el debate en el Congreso.

Tras la publicación del decreto de necesidad y urgencia 62/2019 en el Boletín Oficial, el Gobierno salió a defender la implementación del nuevo sistema y su constitucionalidad frente a las críticas de la oposición, que reclama que el tema se resuelva en el Congreso.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que «si hay una decisión y consenso en el Congreso para transformar la extinción de dominio en ley o en una discusión en el parlamento, bienvenido sea, pero la verdad que hasta ahora no se pudo llegar a ese acuerdo y la Argentina necesita esa herramienta para recuperar lo robado».

Frigerio indicó que «todavía no está definido» un eventual llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el tema y remarcó que «a partir de la decisión del Presidente de la sanción del DNU, la Argentina cuenta con esa herramienta y está vigente, si el Congreso quiere complementarla con una discusión en ese ámbito, bienvenido sea».

Dado que la discusión se centra en la posible «inconstitucionalidad» de la medida, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli subrayó que la extinción de dominio tal y como la reglamentó el Gobierno «no es materia penal» sino «una acción civil que va a tramitar la Justicia Civil, que nada tiene que ver con la acción penal que corre por otro andarivel» y, por lo tanto, «de ninguna manera es inconstitucional».

Tonelli puntualizó en declaraciones a FM La Patriada que desde hace ya más de «tres años» el Congreso se encuentra tratando el tema y no ha logrado ponerse de acuerdo para la conformación de un proyecto de ley único.

«Esto forma parte de una lucha frontal y sin atenuantes que el Gobierno ha emprendido contra el crimen organizado, contra las mafias. El presidente (Mauricio Macri) con total legitimidad después de tres años y pico recoge un reclamo de la justicia», señaló.
A su turno, la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, consideró que la medida adoptada por el Gobierno «deja resquicios» para posible planteos de inconstitucionalidad porque «la vía del decreto de necesidad y urgencia cuando se trata de un tema penal requiere una ley y esto lo expresa taxativamente la Constitución en el artículo 99 inciso 3».
«Vamos a insistir con nuestro proyecto para que tengamos una ley como corresponde y que no haya cuestionamientos de inconstitucionalidad», manifestó la diputada massista.
Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, y la bancada Frente para la Victoria de la ex presidenta Cristina Kirchner hicieron cuestionamientos políticos a la decisión del Gobierno.
«Atento a la importancia de la ley de extinción de dominio habría que haber agotado todos los esfuerzos para que se tratara en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos es el bloque mayoritario. El Senado había sancionado una buena ley», señaló Pichetto a través de Twitter, en referencia a la norma que aguarda aprobación de la Cámara de Diputados.
En tanto, los senadores del kirchnerismo vincularon el DNU con la campaña electoral, al afirmar que esperaban «del Presidente un lanzamiento de campaña un poco más sofisticado» y cuestionaron «el apuro en suplantar una ley del Congreso por un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en pleno receso legislativo».
Para el kirchnerismo, eso «responde al intento del presidente Mauricio Macri por desviar la atención de los temas que preocupan a la mayoría de los argentinos y las argentinas que no llegan a fin de mes».
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Advertencia de constitucionalistas.
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La discusión sobre la constitucionalidad del DNU se encuentra nutrida por las opiniones vertidas por distintos juristas, como es el caso de Andrés Gil Domínguez, quien expresó que «no hay una situación de emergencia objetiva para realizar un DNU».
A través de Twitter, Gil Domínguez advirtió que «el régimen procesal de la acción de extinción de dominio presenta muchos problemas constitucionales» porque «se puede promover contra una persona aunque ni siquiera se encuentre imputada en una causa penal, solo basta que se dicte una medida cautelar sobre un bien en un proceso penal».
Por su parte, el constitucionalista Gregorio Badeni sostuvo que el DNU «tiene fuerte presunción de inconstitucionalidad» porque «no se advierten necesidad ni urgencia» y señaló además que «es un claro avance del Ejecutivo sobre facultades del Congreso».
En declaraciones a La Nación, Badeni agregó que «la finalidad (del DNU) es muy justa y loable, pero el Gobierno o está mal asesorado o no está interesado en ajustarse a las normas del Estado de derecho».
Por su parte, Daniel Sabsay reconoció que la aplicación del mecanismo por decreto «es el punto más delicado», pero avaló la decisión: «Creo que la renuencia de los senadores de la oposición a sancionar una ley, se transforma en un estímulo para la comisión de delitos y para impedir el recupero de los bienes mal habidos».
Ricardo Monner Sans, por su parte, señaló que si bien la extinción de dominio reglamentada por el Gobierno se tramite en el fuero civil, ello no elimina el origen penal de los delitos investigados.
Además, recordó que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el DNU podrá dictarse «solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes» y cuando «no se trate de normas que regulen materia penal».