En medio de un escenario de tensión por la reforma de la Constitución, el gobernador Gerardo Morales anunció en una conferencia de prensa que dos de los artículos modificados por la Convención Constituyente volverán a su antigua redacción.
Según el mandatario, los cambios introducidos generan “dudas” entre comunidades indígenas quienes protagonizaron las protestas el último fin de semana, con enfrentamientos con efectivos policiales.
En ese punto, Morales reconoció que si bien habían hablado con 156 comunidades para consensuar la modificación de la carta magna, existen al menos 300 en la provincia. Allí se mostró en sintonía con el reclamo. “Tienen dudas, es legítimo y los entiendo, por eso paramos la pelota y volvemos para atrás”, sostuvo.
“Vamos a ceder en el planteo que hacen las comunidades y vamos a volver al viejo texto (por el de la Constitución provincial de 1986), con lo cual va a tener que haber una reconsideración del artículo 50, para que en el futuro todo lo que se haga, que ya ha sido consultado, quede en claro. Queremos el consenso total”, subrayó Morales.
Y en la misma línea, añadió que el artículo 36 sobre Propiedad Privada también vuelve a la vieja redacción. La propuesta del oficialismo, que será reconsiderada, agregaba dos incisos estipulando que las leyes procesales de la Provincia “deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. También planteaba que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley. Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.
Morales aclaró que no se modificarán los artículos que consagran el Derecho a la Paz Social y que prohíben los cortes de ruta como modalidad de protesta.
Por otro lado, negó que el tratamiento del proyecto de reforma constitucional se haya realizado de manera “exprés”, recordando que los puntos que iban a reformarse se conocen desde el mes de septiembre de 2022.
Denunció además la participación de la administración del gobierno de Alberto Fernández en los disturbios que se produjeron luego de aprobación de la nueva constitución. “Desde hace un mes que vienen a agitar de algunas organizaciones, mandados y pagados por el gobierno nacional”, afirmó.
Al igual que lo explicó en Twitter y en recientes entrevistas a medios nacionales, resaltó que la Constitución reformada “genera más derechos” y que “les están mintiendo a las comunidades todos los que quieren la violencia”.
Por último, habló sobre el conflicto docente y señaló que se trató de un reclamo «justo». “Les hicimos una buena oferta, ya cerramos ese capítulo la semana pasada. Volveremos a convocarlos a paritarias permanentes todos los meses”, agregó.