El gobernador Carlos Sadir emitió un decreto para garantizar la accesibilidad, el alcance y la estabilidad en la prestación de los servicios esenciales.
El Gobierno de Jujuy, a través de un decreto emitido por el gobernador Carlos Sadir, oficializó la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo su territorio, medida de alcance excepcional que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión busca garantizar la accesibilidad, el alcance y la estabilidad en la prestación de los servicios esenciales frente al complejo contexto económico actual.
En este escenario, el Poder Ejecutivo facultó a la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Infraestructura, Planificación, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda) y a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) para dictar las medidas necesarias que permitan ajustar los mecanismos regulatorios y contractuales vigentes.
La resolución pone especial foco en los usuarios de la categoría T1 (< 5 Kw), para quienes se establecieron medidas de protección directa frente a la falta de pago:
– Suspensión de cortes. Se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga.
– Protección del medidor. El retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio.
– Eliminación de punitorios. Queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica mientras dure la emergencia.
Por otra parte, el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con el sostenimiento de los beneficios vigentes para las familias jujeñas:
– Ley Puna. Se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias.
– Tarifa Social. Se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-ISPTyV-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red.
– Campañas de reempadronamiento. La Secretaría de Energía y la SUSEPU iniciarán una campaña intensiva de difusión para asegurar que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos puedan incorporarse a este beneficio de forma permanente.
El impacto de la emergencia también alcanza al servicio de agua potable y saneamiento. En este sentido, se facultó a la empresa EJESA para incluir, dentro de los convenios de refinanciación, las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy, facilitando así la regularización de los usuarios.
Asimismo, se prohibió a la empresa estatal de agua cobrar intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual no supere los 30 m3 y a aquellos vinculados a grifos comunitarios.
La SUSEPU recibió instrucciones precisas para actuar como organismo de contralor, ejerciendo todas sus competencias de regulación y fiscalización para garantizar que los prestadores del servicio den cumplimiento efectivo a las nuevas disposiciones.
Con este paquete de medidas, el Gobierno de Jujuy intenta brindar previsibilidad a los usuarios y asegurar la continuidad de los servicios básicos en un marco de protección para los sectores más vulnerables de la provincia.

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