Macri repudió ataque al concejo municipal de Rosario

  Buenos Aires, 20 diciembre –  El presidente Mauricio Macri repudió hoy el ataque a tiros contra el Concejo Municipal de Rosario y subrayó que el Gobierno apunta a «llegar hasta el fondo de lo que pasó» y «enfrentar a estas mafias».

En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial estableció una recompensa de dos millones de pesos para distribuir entre aquellos que «aporten datos útiles, relevantes y decisivos al esclarecimiento» de éste y otros ataques contra edificios públicos.

«Quiero expresar todo mi repudio frente a los ataques al Concejo Municipal de Rosario y al Ministerio Público de la Acusación», sostuvo el mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado también envió su respaldo a las autoridades y a la población del distrito santafesino tras el violento hecho.

«Los rosarinos cuentan conmigo para llegar hasta el fondo de lo que pasó y para enfrentar a estas mafias», manifestó el líder del PRO.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal de Rosario, Gabriel Chumpitaz, para seguir de cerca la situación.
«Le pedí que le transmita a todos los concejales que estamos en la misma vereda: la que lucha contra las mafias de la narcocriminalidad. ¡Juntos!», señaló la funcionaria nacional.
De esta manera, el Gobierno repudió el ataque a balazos contra el frente del edificio del Concejo Municipal rosarino ocurrido en la madrugada del pasado miércoles.
«Con la mafia no se jode, la próxima a sus casas», rezaba un cartel dejado por los atacantes frente a la sede legislativa de la esquina de 1º de Mayo y Córdoba.

Tras el ataque, el fiscal Matías Edery afirmó que el episodio «tiene características similares a los otros hechos que se han registrado, varios disparos y un cartel intimidatorio, por eso se investiga como un atentado institucional».

Ante la decisión de ofrecer la recompensa, el Ministerio de Justicia santafesino remarcó que «lo que se busca es recabar testimonios y localizar a testigos que permitan la individualización de los autores y partícipes de estos ataques», a los que definió como de «gravedad social».
En la Resolución 280, quedó establecido que «tanto la identidad de quienes brinden información como de quienes resulten adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de la investigación y/o el proceso judicial».